COLOMBIAN NEWS, Editor Eduardo Mackenzie.

COLOMBIAN NEWS6 avril 2021   

1.    ¡Siempre amables con el honorable senador!

2.    Aparecieron las llaves

3.    “La sal de la tierra”

4.    Aspectos de la imputación de la Fiscalía a Sergio Fajardo

5.    La frontera colombo-venezolana: tierra de nadie

6.    Demandan a Harris y Pelosi por negar vigilia de Viernes Santo en la acera del Capitolio

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¡Siempre amables con el honorable senador!

Por José Alvear Sanín

La Linterna Azul, Bogotá

http://www.lalinternaazul.info/2021/04/05/siempre-amables-con-el-honorable-senador/

5 de abril de 2021

El tiempo todo lo normaliza. Por eso nos hemos acostumbrado a considerar que Cuba es un país normal con el que se pueden mantener relaciones amistosas. Con Venezuela vamos por el mismo camino. ¡Con la ideología de género en las escuelas! ¡Con la JEP! ¡Con FECODE! ¡Con el prevaricato habitual de las altas cortes! ¡Con la Registraduría sesgada!…

Con los políticos pasa lo mismo. Parece normal que se enriquezcan. Parece legal que los peores delincuentes ocupen curules. Se acepta que cada congresista cueste unos cien millones mensuales. Así, poco a poco, se van derribando todas las defensas mentales que la civilización puso al servicio del derecho y la democracia.

El relativismo moral no solo lleva a tragar todos los sapos y culebras, sino que también ha enseñado a disimular todas las conductas inadmisibles hasta hace pocos lustros. Se aceptan leyes que prohíben expresar la realidad con las precisas palabras seculares. Se tolera la existencia de comisiones para decirnos qué fue lo que pasó y qué lo que no pasó.

Están pues en lo cierto quienes dicen que la batalla del lenguaje es la decisiva. Así que cuando tratamos de “Honorable” a ciertos individuos, nos estamos rindiendo, negamos los hechos y olvidamos las evidencias.

Por ejemplo, todos los exabruptos del Honorable Senador Petro, en vez de ser rechazados con energía y contundencia, son respondidos con la cortesía debida al jefe de la “Colombia Humana”, exalcalde de Bogotá, candidato de una cierta “izquierda democrática” y titular de varios pre, grados y posgrados. Se trata pues, de una persona ilustrada, “progresista” y respetable.

Todas estas excelencias hacen intolerable que se recuerde su pasado, porque el tiempo ya ha normalizado su actividad subversiva, el contubernio con Chávez, el detrimento patrimonial ocasionado al Distrito, las bolsas repletas de dinero, la inagotable financiación de “bodegas” y “bodeguitas”.

Ahora es “el Honorable Senador” y el favorito de los entrevistadores de la tv, con su habla impostada, su expresión entre meliflua e irónica, sus buenos sentimientos, que lo han llevado a convertirse en el moderado reformador del capitalismo para modernizarlo y darle carácter social…

Como Petro es el candidato presidencial puntero, el pueblo colombiano tiene derecho a que no sigan ocultando lo que realmente hay detrás de su verdadero programa, conducente a la misma miseria y dictadura que aqueja a nuestros hermanos venezolanos.

Nunca debe negarse a un comunista, leninista y chavista, el derecho a presentarse como candidato presidencial; pero lo que no es aceptable es que los formadores de opinión le ayuden a ocultar, minimizar o negar su extrema peligrosidad, como estamos viendo, porque Petro, en consecuencia, es publicitado como un senador normal, como un candidato normal…

El año venidero ya veremos la cortesía con la que lo mimarán los medios masivos durante la campaña presidencial y la amabilidad con la que se le tratará en los debates en la tv. Allí se enfrentará con varios prudentes gentleman, de muy buenos modales, incapaces de apartarse de lo políticamente correcto contra el candidato comunista, porque esa es una palabra tabú que jamás debe emplearse en público por gentes bien educadas, contra otro candidato “común y corriente…”

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El pueblo colombiano necesita saber quién es el candidato de la narco industria. Y a otros nos gustaría también saber por qué el candidato del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es también el del Partido “Verde”, afiliado al Foro de Sao Paulo.

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En una conversación entre Alejandro Casona y Federico Carlos Sainz de Robles, este le explica por qué el dramaturgo es ignorado:

— ¡Ay! “La ley del silencio” de la Izquierda española es implacable. A quien se expulsa del “batallón del talento” se lo envía directamente al Calvario (…)

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Aparecieron las llaves

Por María Fernanda Cabal *

http://mariafernandacabal.com/aparecieron-las-llaves/

5 de abril de 2021

En los últimos días, la maraña de mentiras que se tejió alrededor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por cuenta de sus enemigos políticos, se ha ido desenredando para que salgan a flote hechos y personajes que lejos de ser víctimas ingenuas, son parte clave del entramado criminal contra el exmandatario. Este puede ser el caso de la supuesta médica Deyanira Gómez, quien aparentemente fuera la compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, sicario condenado a 40 años de cárcel y quien es el testigo en el proceso contra Álvaro Uribe, por presunto “soborno a testigos” y “fraude procesal”.

El pasado 8 de febrero, el penalista Héctor Romero Agudelo -hasta hace unos meses el abogado defensor Monsalve- fue llamado a rendir declaración juramentada por parte del Fiscal del caso, Gabriel Jaimes, en donde entregó información importante tanto de su cliente como de su excompañera sentimental, a quien conoce desde hace al menos unos 15 años. Romero señaló que el padre de la hija mayor de Deyanira Gómez, era un integrante de las Farc de la zona de Tolima, procesado por homicidio. El abogado indicó además que manejó dos expedientes contra él en Neiva y que por esos hechos su cliente había sido condenado.

Medios nacionales corroboraron que el primero de febrero de 2017, la expareja de Deyanira Gómez había sido acreditada como miembro del frente 21 de las Farc. Se trata de Elver Penagos Tabera, quien durante su militancia en el grupo terrorista había participado en la toma al corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, Tolima, ocurrida en el año 2000. Así lo registraba un titular del diario El Colombiano, el 7 de marzo de 2013: “Condenan a exguerrillero de las Farc por toma de Puerto Saldaña”.

En este mismo sentido, el penalista Romero manifestó que mientras hacía trámites de solicitud de protección para Deyanira Gómez ante la Corte Suprema, ella había asegurado que el magistrado José Luis Barceló, le había colaborado en todo el proceso de protección y asilo. “Sé que el Gobierno colombiano le ayudó para salir del país legalmente, pero como persona protegida (…) Ella estaba en comunicación permanente con el magistrado que llevaba el caso del doctor Uribe (…) Ella estaba en contacto con el doctor Barceló” dijo Romero en sus declaraciones.

Lo también curioso de este tenebroso entramado novelesco es que Deyanira Gómez había negociado un inmueble con el coronel Juan Pablo Prado, antiguo miembro de inteligencia del Ejército durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien además habría estado detrás de la filtración del supuesto espionaje al proceso de paz con las Farc en La Habana. El mencionado Coronel habría salido de las Fuerzas Militares el año pasado, por estar aparentemente involucrado en casos de perfilamientos.

Deyanira Gómez tiene escriturada la famosa finca La Veranera -descubierta durante la etapa en que se privó al expresidente Uribe de su libertad-, en sociedad con la madre de Monsalve, escriturada en 50 millones de pesos, pero avaluada en más de 500 millones. ¿De dónde sacó el dinero para comprarla?

En este ajedrez encontraremos alianzas que estremecerán a los más incautos: todo con el propósito de castigar a Uribe. Un testimonio interesante es el de Enrique Pardo Hasche, compañero de celda de Monsalve, quien afirmó que Monsalve no era paramilitar sino que fungía como tal y para ello se había hecho tomar una foto frente a un predio de los hermanos Uribe, con el propósito de desprestigiarlos. Hasche también reveló que su compañero de reclusión ha modificado versiones a cambio de prebendas.

Los privilegios que misteriosamente ha tenido Monsalve en la cárcel también llaman poderosamente la atención; a tal punto, de habérsele encontrado en su celda un computador portátil -que resultó ser de Deyanira Gómez-; celulares con siete SIMCards, licor y otras comodidades que no se permiten según los reglamentos penitenciarios y carcelarios en Colombia. ¿Por qué tenía acceso a esa tecnología? ¿Quién le entregó -entre otras cosas- el reloj espía con el que grabó una reunión con el abogado Diego Cadena? ¿Fue Deyanira Gómez, como ella misma dijo que lo hizo? ¿Hubo alguien más detrás de eso?

El computador incautado duró más de un año en poder de la Corte Suprema, sin que se estudiara su contenido; allí reposan tiquetes aéreos, consignaciones de banco y puntos de giro, cotizaciones y especificaciones de construcciones, fotografías, documentos de la oficina de registro e instrumentos públicos, facturas, documentos notariales, tarjetas de propiedad de vehículos y recortes de conversaciones de WhatsApp, entre otros.

El próximo 6 de abril, en el marco de la audiencia de la solicitud de preclusión a favor del expresidente Uribe, esperamos conocer un poco más sobre la relación directa Monsalve – Farc en la persecución política que se ha gestado en su contra. Aún quedan dudas sin resolver, como por ejemplo saber qué pasó con las pruebas que dan cuenta de la cercanía que tiene Monsalve con el político al que “se le cayó el celular” y se le desapareció información importante.

No todo está perdido mientras existan valientes que sigan luchando por la defensa de los fundamentos de un Estado liberal; el país sabe que el muro de contención para que la izquierda no lleve a cabo sus planes en Colombia, siguiendo la agenda que viene desarrollando desde hace varios años en América Latina, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin él, otra sería nuestra historia.

PD: ¿Alguien sabrá de dónde es egresada la señora Deyanira Gómez Sarmiento, de quien se dice es cirujana? Porque no hay registro de la señora en la Asociación Colombiana de facultades de Medicina y tampoco en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

* María Fernanda Cabal es senadora de la República de Colombia.

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“La sal de la tierra”

Por José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie*

La Linterna Azul, Bogotá

http://www.lalinternaazul.info/2021/04/03/la-sal-de-la-tierra/

3 de abril de 2021

En este tiempo de reflexión cabe recordar el mensaje de Jesús sobre la pérdida de valores esenciales: “Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada?” Por eso les advierte a sus discípulos que son “la sal de la tierra” y que, si dejan de serlo, esa sal no sirve y “será echada fuera y pisoteada”.

Los jueces deben ser “sal de la tierra”, pero la reciente encuesta estableció que el 69% del país cree poco en la justicia, algo cree el 24% y solo un 6% cree mucho, dentro del cual estarán los jueces y el sistema en que los demás no creemos. La impunidad, superior al 90% antes del Acuerdo fariano, hoy anda por el 95%, no solo porque los principales criminales no recibieron castigo, sino porque dejaron sembrado el país de criminalidad —de coca, que es lo mismo—, mientras la justicia no sale del lodazal de corrupción y politización en que se encuentra.

Es un sistema que no funciona, y que los mismos jueces y los políticos no dejan reformar porque es el caldo de cultivo donde abusan del poder de juzgar y castigar —o dejar de hacerlo— entran y salen por puertas giratorias, se enriquecen y burlan la justicia que deberían impartir. No generalizo, porque he sido víctima de generalizaciones estigmatizantes, pero “los malos”, aunque menos, han sabido insertarse en el poder judicial, disfrazados con la dignidad de la magistratura. Para la muestra, unos botones:

El fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, es condenado por corrupción y, pocos meses después, la Comisión de Acusaciones de la Cámara acusa al exmagistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, por su participación en el “Cartel de la toga”, y al expresidente de la corporación, José Leonidas Bustos, que se vuela del país mientras el Senado se apresta a declararlo indigno.

En 2018 la fiscal Niño acusa a Bustos, al exfiscal Montealegre y al vicefiscal Perdomo, de urdir una “red criminal” para conseguir testigos contra los Uribe. En 2020, Montealegre y Perdomo se declaran “víctimas”, arremeten contra Uribe y, durante la audiencia de solicitud de libertad, son regañados por tergiversar al fiscal y dilatar la audiencia. En 2021 es condenado el expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, mientras el actual presiona a la juez del caso Uribe y acusa a la Fiscalía de unirse a la defensa del expresidente. El magistrado Reyes paga favores por un contrato que le había dado Santos, y a Barceló le parecen correctas las “investigaciones secretas” y no considera un error hacer y usar interceptaciones ilegales. ¿En qué momento los jueces dejaron de ser sal de la tierra?, ¿qué pasó con la justicia?, hoy la mayor carencia del país, y su reforma la mayor urgencia.

N.B. A la izquierda y al centro-santismo les parecen inoportunas políticamente las acusaciones contra Fajardo, pero no pensaban igual cuando a Óscar Iván Zuluaga le montaron el escándalo del hacker.

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Aspectos de la imputación de la Fiscalía a Sergio Fajardo

La Nota, Bogotá

https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/aspectos-de-la-imputacion-de-la-fiscalia-a-sergio-fajardo.html

2 de abril de 2021

El gobernador Sergio Fajardo asumió un riesgo cambiario que antes de la operación no tenía la deuda ya existente que fue sustituida. Desafortunadamente el peso se devaluó abruptamente al año de la operación y eso se tradujo en un encarecimiento no previsto del préstamo unificador.

Abstracción hecha del impacto político de esta decisión de la Fiscalía, desde el punto de vista técnico-jurídico las implicaciones son muy importantes y vale la pena analizarlas. La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará a Fajardo por un contrato de crédito que realizó la Gobernación de Antioquia en 2013 con Corpbanca (hoy Banco Itaú) por un valor de US$77 millones con cuyos recursos se pagaron deudas en pesos a unos bancos. Se trató aparentemente de una compra de cartera o unificación de deudas.

Es decir, con los US$77 millones se unificaron varias obligaciones bancarias para saldarlas al interés y condiciones del préstamo que se contrató. Hasta aquí no hay problema alguno. Si los intereses y los plazos del préstamo unificador son más favorables que las del promedio de las obligaciones que sustituye, entonces se puede concluir que la compra de cartera se justificaba.  Donde surge la controversia es que en este caso el préstamo unificador fue en dólares y sustituyó una deuda en pesos. En ese momento la gobernación de Antioquia asumió un riesgo cambiario que antes de la operación no tenía la deuda ya existente que fue sustituida. Desafortunadamente el peso se devaluó abruptamente al año de la operación y eso se tradujo en un encarecimiento no previsto del préstamo unificador.

La Fiscalía señala que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, ni “tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”. Aparentemente no se conoce acerca de un análisis técnico jurídico previo que justificara la operación. Si se tiene en cuenta la magnitud del préstamo, debería existir en algún lado una explicación o justificación. Llama la atención la informalidad administrativa, por decir lo menos, con la cual procedió Fajardo. Más aún si estaba de por medio el cambio de pesos a dólares en la compra de cartera.

Es cierto que predecir la futura evolución de la tasa de cambio es muy difícil sino imposible. A nadie se lo puede condenar por no acertar en este tipo de pronóstico. Pero este argumento también juega en contra de Fajardo en el sentido que hizo una operación de compra de cartera en la que introdujo un elemento de incertidumbre en las finanzas del departamento, sin una explicación clara de por qué lo hizo.

También es cierto que un seguro de riesgo cambiario hubiera elevado en forma significativa el costo del préstamo unificador (en el equivalente a tres o cuatro puntos porcentuales en la tasa de interés en dólares). Pero bueno, el verdadero costo del préstamo unificador debería haber incluido ese costo adicional sin jugar a la ruleta de la impredecible evolución de la tasa de cambio. Una evaluación beneficio costo de la operación ha debido tener en cuenta el costo adicional de un seguro de riesgo cambiario.

La otra imputación de la Fiscalía de “peculado por apropiación en favor de terceros agravado” se basa aparentemente en el hecho de que hubo un daño patrimonial para Antioquia que se tradujo en un beneficio para Corpbanca. ¿Por qué esto último?  Corpbanca es un banco colombiano. Con esta operación en dólares, su balance en pesos tuvo un beneficio cambiario originado en la devaluación de la moneda local. Y la razón es simple. Los US$77 millones fueron parcialmente “de mi para mí”. Con ellos se pagó una deuda de Antioquia de $50.000 millones (o unos US$25 millones) con el Banco Helm (por ese entonces en proceso de fusión con Corpbanca) y otra de unos $30.000 millones (US$15 millones) con Corpbanca.

Ese “de mi para mi” es lo que aparentemente le da bases a la Fiscalía para la imputación del delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros. Porque al final de cuentas Corpbanca logró reconvertir una parte de los activos que poseía en pesos a activos en dólares no sujetos a riesgo cambiario, exactamente lo opuesto de lo que sucedió con los pasivos de Antioquia.

Esta operación de compra de cartera que ha enredado a Fajardo no tiene nada que ver con las contrataciones de crédito externo por parte del sector público. En estas contrataciones no se está sustituyendo algo por otra cosa. Ahí simplemente se están consiguiendo unos recursos adicionales. Ahí las operaciones son de dólares por dólares y el riesgo cambiario lo asumen las dos partes en un mismo contexto monetario.

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La frontera colombo-venezolana: tierra de nadie

Por Pedro Carmona Estanga *

https://economiapce.com/2021/04/02/la-frontera-colombo-venezolana-tierra-de-nadie/

3 de abril de 2021

Son 2.219 km. de línea fronteriza los que comparten ambos países, de los cuales el Estado Táchira y el Departamento de Norte de Santander han sido siempre una de las fronteras más vivas de América Latina. Las comunidades de las regiones colindantes están unidas por lazos de sangre, y por apreciables valores comunes. Así, en la península de la Guajira, la etnia Wayú no es venezolana ni colombiana sino binacional, la inmensa Orinoquía está ligada por fuertes vínculos culturales, los llaneros, en tanto que la región andina ha sido una comunidad eminentemente transfronteriza. Pero ha sido tradicional que las capitales, Bogotá y Caracas, no hayan comprendido suficientemente esa realidad, o que se hayan desentendido de los tantos problemas que las aquejan.

Solo en los proyectos que en su momento se manejaron en la Comunidad Andina (CAN) se intentó el desarrollo de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), tema en el cual se involucraron con interés varias instituciones académicas. Pero el aletargamiento del proceso de integración andino a partir del retiro de Venezuela, y de las orientaciones políticas del autoproclamado bolivariano régimen chavista debilitaron esos significativos esfuerzos, y destruyeron el tejido integracionista que con tanto esfuerzo se había construido entre ambos países bajo el paraguas andino, hasta haber llegado a conformar una unión aduanera, con un intercambio que superó los 7.400 millones de dólares en 2008, predominantemente de productos manufacturados, en la actualidad extinto.

A pesar de los problemas propios de esa extensa frontera, y del diferendo insoluto de delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, hasta la llegada al poder del régimen chavista funcionaban comisiones de asuntos fronterizos para considerar temas relevantes como la masificación de hitos, la navegación fluvial, la migración, la seguridad fronteriza, y prevalecía un clima de comunicación y de respeto entre las fuerzas militares de ambos países. Solo la incursión de la corbeta Caldas en aguas del Golfo en 1987 creó una situación delicada, que fue superada gracias a la intervención personal de los presidentes Barco y Lusinchi. Pero Chávez proclamó que no podía haber contacto con unas fuerzas militares colombianas, que calificaba de represivas y de derecha.

A partir de allí, y de la identificación de Chávez con los grupos revolucionarios colombianos, las FARC y el ELN, a los cuales reconocía como fuerzas beligerantes que luchaban contra las “oligarquías colombianas”, se creó un matrimonio indisoluble, del cual vemos ahora sus nefastas consecuencias. Recordemos a los “embajadores” de Chávez ante las FARC: el General Hugo Carvajal y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, o el cálido recibimiento brindado en el palacio de Miraflores a Iván Márquez, amén de la activa participación venezolana en el rescate de secuestrados por la guerrilla en Colombia, y del apoyo logístico brindado a los desplazamientos del Secretariado de las FARC rumbo a Cuba para participar en las conversaciones de paz de La Habana.

El apoyo del régimen chavista al financiamiento de la guerrilla colombiana a través del narcotráfico, y las alianzas de estos con grupos venezolanos como el tristemente célebre “cartel de los soles”, junto a la acogida a líderes y tropa guerrillera en territorio venezolano, ha llevado a una situación de anarquía y de lesión de soberanía en Venezuela, auspiciada por las autoridades, estimándose que hay más de 5.000 guerrilleros colombianos en suelo venezolano, que ejercen actividades de narcotráfico, minería ilegal masiva, extorsión y presencia territorial, militar y política, en al menos 16 de los 23 Estados de Venezuela. 

Los ataques recientes ocurridos en la población de la Victoria, Estado Apure por parte de fuerzas militares venezolanas contra el campamento FARC liderado por alias Gentil Duarte y por Nando, han creado una difícil situación causante del desplazamiento a Colombia de entre 4 a 5.000 personas de dicha población, pero ha puesto de relieve las verdaderas motivaciones de dicho operativo. Las informaciones disponibles coinciden en que el ataque de las fuerzas armadas venezolanas al grupo de Gentil Duarte obedece a la disidencia de este con Iván Márquez, Santrich y “El Paisa”, quienes conforman la denominada “Segunda Marquetalia”, en alusión al lugar del Tolima donde Tiro Fijo fundó a las FARC y su republiqueta marxista en los años 50. En otras palabras, el régimen de Maduro ha tomado partido en favor de la “Segunda Marquetalia”, y trata de desarticular los asentamientos de Gentil Duarte, en un lugar estratégico para las redes del narcotráfico entre Apure y Arauca.

Es conocida la existencia de un gran número de pistas clandestinas en el Estado Apure como puente de salida de la cocaína hacia el mundo, como sale también oro, coltán y diamantes desde los Estados Bolívar y Amazonas, extraídos ilegalmente en el Arco Minero de Guayana en Venezuela, creando una situación de anomia, inseguridad y violación de derechos humanos que afecta a pobladores civiles, y estimula flujos migratorios hacia Colombia. Las cortinas de humo del régimen no se han hecho esperar, acusando al gobierno colombiano de promover la inseguridad en la frontera, lo cual solo causa hilaridad, pues los hechos recientes no hacen sino evidenciar la estrecha alianza entre el régimen de Maduro y las fuerzas más oscuras del terrorismo y del crimen organizado, causantes de una grave amenaza a la seguridad nacional de Colombia, de Estados Unidos y del continente, todo ello vinculado a la extensa red de corrupción y criminalidad que se ha asentado en Venezuela.

En un reciente debate televisivo en el canal internacional NTN24, se analizaba si no es el momento de que Colombia abra canales de diálogo con el gobierno de Maduro, para encarar asuntos sensibles en la relación bilateral, y atender las necesidades consulares de la población binacional. Es mi opinión que se necesita recrear una alianza estratégica de la comunidad internacional democrática para enfrentar el genocidio en marcha en Venezuela, y las amenazas del régimen a la paz mundial, dada la ocupación cubana, rusa, china, iraní, de la guerrilla colombiana, y de grupos yihadistas como Hezbollah y Hamas en su territorio. Solo un cambio de gobierno en Venezuela será capaz de detener los masivos flujos migratorios y revertirlos. Allá radica el corazón del problema. El régimen aferrado al poder desde hace 22 años en Venezuela, ha propiciado la formación de un escudo guerrillero y paramilitar a lo largo de la frontera binacional, como estrategia de defensa ante una supuesta invasión a Venezuela de parte de Estados Unidos. Son por tanto ellos, los verdaderos dueños de la frontera, sin desconocer que hay regiones sensibles en el territorio colombiano, como el Catatumbo, donde no hay presencia del Estado, y la ley la ejercen grupos irregulares conectados con Venezuela.

Es sí plausible encomendar a algún país amigo la atención de las relaciones consulares, pues la apreciable población binacional sufre con la carencia de estos servicios. Pero creer que los canales de diálogo pudieran generar una distensión bilateral es una ilusión, de la cual sacaría provecho la tiranía venezolana para lograr una legitimación con la cual hoy no cuenta. El argumento de que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con dictaduras o autocracias como Cuba, Nicaragua, China, Rusia o Turquía, no tiene la misma connotación al tratarse de un gobierno hostil, que promueve la desestabilización de la democracia colombiana, y el triunfo de la extrema izquierda, para así coronar el sueño de Chávez de conformar una “Gran Colombia” revolucionaria, una de cuyas piezas está próxima a materializarse: el triunfo del correísta Andrés Arauz en Ecuador, para apostar luego a la conquista del poder por parte de un líder radical como Gustavo Petro en Colombia. 

* Doctor en Economía y Especialista en Docencia e Investigación Universitaria.

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Demandan a Harris y Pelosi por negar vigilia de Viernes Santo en la acera del Capitolio

Por Mamela Fiallo Flor

Panam Post, Miami

2 de abril de 2021

El reverendo Patrick Mahoney que presentó la demanda asegura que el año pasado realizó esta vigilia a pesar de las restricciones por la pandemia. Nancy Pelosi le negó el acceso a la acera del Capitolio a un ministro presbiteriano que quería orar por la nación.

El Viernes Santo es uno de los días más sagrados para los cristianos en el mundo, en particular en Estados Unidos, una nación construida e inspirada en la libertad de culto. Pero la actual administración demócrata ha demostrado que esto no está dentro de sus prioridades. Al contrario, se le negó el acceso a un ministro presbiteriano que quería orar por la nación. Y como respuesta, él está demandando a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, a la Junta de Policía del Capitolio de EE. UU. y al sargento de Armas del Senado, alegando que están violando sus derechos garantizados en la Primera Enmienda.

La libertad de culto, libertad de expresión y libertad de asamblea/reunión están garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. Además de la Primera Enmienda, el reverendo Patrick Mahoney afirma que la prohibición de realizar la vigilia viola su derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

La demanda de Mahoney fue presentada en su nombre por el Center for American Liberty. «Negar a un ministro y feligreses fieles la capacidad de orar fuera del Capitolio de Estados Unidos es insondable y viola las garantías de la Primera Enmienda para los foros públicos tradicionales», dijo el director ejecutivo del centro, Harmeet K. Dhillon, en un comunicado.

El reverendo Patrick Mahoney presentó una denuncia ante un tribunal federal, indicando que intentó realizar una vigilia de oración para Viernes Santo en la acera cerca de Lower Western Terrace del Capitolio, pero las autoridades denegaron su solicitud. Mahoney lo hizo el año pasado  con la colaboración de la Policía del Capitolio para asegurarse de que el evento cumpliera con las restricciones por la pandemia del COVID-19. De modo que la pandemia del coronavirus no sería entonces la excusa.

El reverendo Patrick Mahoney es a su vez director de la Coalición de Defensa Cristiana. Reclama en su denuncia que «estos actos de los demandados han convertido uno de los foros públicos más importantes de la nación en una zona donde no se puede hablar». Actualmente el área alrededor del Capitolio ha sido vallada y la Guardia Nacional ha estado presente en la zona luego de la violenta protesta que tuvo lugar el 6 de enero.

Mahoney afirma que su pedido para orar este Viernes Santo en ese lugar es «con el propósito expreso de suplicar a Dios la curación de la división y la ansiedad que persisten en nuestra nación desde los trágicos eventos del 6 de enero de 2021». La Policía del Capitolio le envió un correo electrónico a Mahoney indicando que la zona donde el ministro quería realizar la vigilia estaba «restringida» y por lo tanto su solicitud de permiso no podía ser procesada. Un teniente de la policía propuso que Mahoney solicitara realizar la vigilia en una vereda lindante. Pero Mahoney reclamó que estaba «bastante lejos de donde quería estar«.

Denegar esta solicitud muestra un quiebre no solo en la institucionalidad de los EE. UU, sino cómo la gestión demócrata va contra uno de los pilares fundamentales de la nación: la libertad de culto, nada menos que en Semana Santa, la más importante fecha para los cristianos.

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