COLOMBIAN NEWS11 mars 2021
1. El historiador Darío Acevedo Carmona denuncia la persecución de la JEP contra el CNMH
2. Colombia: la CC admite el comercio de órganos y tejidos de niños abortados
3. El bombardeo al campamento de Gentil Duarte fue una acción legítima
4. Colombia puede producir su propia vacuna anti Covid-19
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El historiador Darío Acevedo Carmona denuncia la persecución de la JEP contra el CNMH
La Hora de la Verdad
Radio Red RCN, Bogotá
Colombian News, Paris
11 de marzo de 2021
Hace noticia en La Hora de la Verdad, Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quien habló sobre la persecución que adelanta la JEP contra ese organismo oficial. Acevedo reveló que la JEP ha ordenado realizar un allanamiento de sus oficinas “como si el CNMH fuera la Cueva de Rolando, un nido de hampones o de terroristas”.
Acevedo explicó que la JEP carece de competencia para investigar al CNMH. Ni el director, ni el CNMH, son integrantes de las FARC, ni lo han sido jamás. Luego la JEP carece de autoridad para amenazar al Centro con un allanamiento destinado a apoderarse de sus computadores y archivos. Tal actuación es ilegal y puede abrir el camino a una demanda penal contra la JEP por abuso de autoridad y prevaricato agravado.
El director Darío Acevedo expresó que en el año 2019 empezó la campaña de difamación contra él. Los instigadores de esa infamia son los senadores comunistas Iván Cepeda y Antonio Sanguino. Ellos quieren que el CNMH sea un instrumento de propaganda de las FARC y de humillación de las víctimas de las FARC y no un verdadero centro de memoria histórica. Activistas pro Farc llegaron a la extravagancia de imprimir mil afiches que glorifican la memoria de alias Tirofijo, jefe de las FARC hasta marzo de 2008, para distribuirlos gratuitamente a la entrada de una exposición del CNMH.
Esos extremistas acusan al profesor Acevedo de querer “dañar los archivos” del CNMH. Nada más alejado de la verdad. Como Cepeda y Sanguino no han podido probar nada al respecto, lo acusan ahora de pensar mal, es decir de no repetir como cotorra el discurso oficial de las FARC sobre el llamado “conflicto armado”. En esa propaganda, las FARC, sus verdugos y sus aparatos políticos, como el PCC, aparecen como “liberadores de Colombia” y “protectores del campesinado”.
El profesor Acevedo recordó que Cepeda y Sanguino, con ayuda de la representante a la Cámara María José Pizarro, hija del ex fundador del M-19 Carlos Pizarro, lo citaron a un debate “de control político” el 25 de noviembre del 2019. Pero como las acusaciones delirantes no produjeron efectos, optaron por pedirle a la JEP que se encargara de seguir la campaña de hostigamiento contra el CNMH.
Iván Cepeda interpuso una demanda para exigirle a la JEP que dictara una “medida de protección” sobre la información que reposa en el Centro Nacional de Memoria Histórica. La JEP argumenta que el acuerdo FARC/Santos le da derecho a constituirse en tribunal que juzgará a las FARC. Por ello los abogados del CNMH consideran que la JEP está extralimitando al embestir contra una institución de derecho público que nada tiene que ver con esa materia. La JEP alega que ella es el tribunal supremo de la “justicia transicional” en Colombia y que no hay ninguna otra autoridad sobre ellos”.
Patricia Linares, ex presidenta de la JEP, fue durante seis años funcionaria del CNMH y ahora, como magistrada de la JEP, interviene sin sonrojarse, en las decisiones de la JEP sobre el CNMH, cuando ella está en la obligación de declararse impedida por su evidente cercanía personal con esos asuntos.
La JEP es pues una rueda suelta en el organigrama del Estado colombiano que hace lo que se le da la gana sin rendirle cuentas a nadie, y sin temor a ser sancionada por sus errores y/o por sus faltas deliberadas pues ni el Senado colombiano, ni la Cámara de Representantes, ni el poder ejecutivo, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia tienen poder para controlar sus actuaciones.
Escuche la entrevista completa:
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Colombia: la CC admite el comercio de órganos y tejidos de niños abortados
Por Catalina Gutiérrez Gómez *
Revista Que no te la cuenten, Madrid
9 de marzo de 2021
El pasado 26 de junio un fallo de la Corte Constitucional admitió la donación y utilización de tejidos y órganos de niños no nacidos abortados, eliminando así la restricción legal que había aprobado el Congreso de la República en 2016 y con la cual se buscaba impedir que en Colombia se reprodujera el aterrador negocio que salió a la luz en los Estados Unidos, a raíz de videos encubiertos en los que se observa directivos de la multinacional abortista Planned Parenthood –cuyas filiales en Colombia son Profamilia y Oriéntame– negociar con tejidos y órganos de niños abortados y que actualmente es investigado por el Congreso de los Estados Unidos.
La demanda de inconstitucionalidad
Las demandantes, Luisa María Sanabria Guerra y Daniela García Aguirre, integrantes de la clínica jurídica de medio ambiente y salud pública (MASP) de la Universidad de los Andes, demandaron el parágrafo del artículo 2 de la ley 1805 de 2016. Adujeron como argumento central, acogido por el tribunal constitucional, que «la medida examinada comporta una restricción al derecho a la salud carente de cualquier justificación» pues, por un lado, desconoce «la obligación del Estado de abstenerse de llevar a cabo conductas que afecten de manera directa o indirecta el derecho a la salud» y, por otro, «establece una orden contraria a la investigación médica».
Sobre el primer punto, el comunicado de la Corte Constitucional expresa que la decisión se tomó considerando que, «en Colombia la escasez de órganos o tejidos para usos terapéuticos –no solo trasplantes– hace que un buen número de personas que los necesitan para sobrevivir o para mejorar su calidad de vida, permanezcan más allá del tiempo clínicamente idóneo en lista de espera e, incluso, lleguen a morir (…)».
Poco importaron las voces ciudadanas y los conceptos técnicos que llegaron al despacho judicial advirtiendo sobre las falacias de esa argumentación. Así, mientras las accionantes se sustentaron en extractos seleccionados de manera tendenciosa de un artículo académico que –presentados en ese orden– inducían a afirmar la existencia de ventajas clínicas de la utilización de tejidos y órganos fetales para trasplantes y usos terapéuticos, los pronunciamientos de la Fundación Médica Valle del Lili, de universidades y del Instituto Nacional de Salud, que coinciden en señalar que el uso terapéutico de tejidos y órganos provenientes de abortos no ha demostrado eficacia, fueron desestimados por la Corte Constitucional.
El tribunal no respetó las reglas mínimas de sana crítica para la valoración de pruebas (que, por cierto, fueron solicitadas por esa misma Corte) y, a pesar de haber sido plenamente advertida la inviabilidad de trasplantes y usos terapéuticos de tejidos y órganos fetales producto de abortos, se valió de esta premisa falaz para sustentar el fallo. Así pues, mientras que en reiteradas oportunidades (sentencias T-597 de 2001, T-180 de 2013, T-105 de 2015) se ha exigido la demostración de la efectividad de procedimientos experimentales para admitir que el tratamiento sea costeado por el sistema de salud colombiano, aquí esta exigencia resultó –de repente– innecesaria.
De otra parte, la Corte Constitucional indicó que «se incurrió en un retroceso en relación con la disponibilidad de componentes anatómicos para efectuar investigación científica que podría suponer avances en materia de vacunas, medicamentos, tratamientos para virus, etc. Específicamente, impidió el avance sobre ciertas enfermedades graves, la posibilidad de trasplantes de membrana amniótica para uso en oftalmología y el uso de células madre para curar a los niños y niñas en casos de diabetes, polio y anemia». Aunado a lo anterior, el tribunal subrayó que esta «restricción al campo de los investigadores», quienes han «despertado cierta posibilidad de cura de enfermedades como el Alzheimer, Huntington o Corea de Huntington y Parkinson», resultaba ser una prohibición legal con invalidez constitucional.
Las implicaciones del fallo
Un vistazo superficial a las razones que fundamentan el sentido del fallo llevaría a concluir que se trata de motivaciones altruistas para el bienestar y progreso social. Pues bien, para analizar con suficiente sentido de realidad las implicaciones de esta decisión, es preciso observar lo que ya ocurre en otras latitudes.
El caso de los Estados Unidos es ilustrativo: si, de acuerdo con lo expuesto, en el estado actual de la medicina no es posible realizar tratamientos terapéuticos con «componentes anatómicos» producto de abortos, ¿por qué algunos insisten tanto en la necesidad de un marco regulatorio que permita su uso? Citaremos únicamente dos documentos de reconocida rigurosidad: el Reporte de la Comisión Especial creada por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para investigar el escándalo relacionado con el tráfico de órganos y tejidos por parte de multinacionales dedicadas a la industria del aborto, y el artículo científico del Dr. José Luis Redondo Calderón denominado «Experimentación fetal, trasplantes, cosmética y su relación con el aborto provocado» (publicado por la revista Cuadernos de Bioética, XXIII, 2012).
La investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reveló la magnitud de este negocio. Resumiremos brevemente en qué consiste: teniendo en cuenta que los productos de los abortos (especialmente los de fetos en fases de gestación avanzada) deben ser «reconstruidos» por el personal sanitario de la clínica (literalmente se «rehace» el cuerpo del bebé desmembrado y se corrobora que ninguna de sus partes quede alojada en el cuerpo de la madre para evitar infecciones), es posible detectar las partes que quedaron más intactas y que tienen alguna utilidad práctica. Por utilidad práctica se entiende que sirva a propósitos de experimentación e investigación.
¿Quiénes son los mayores demandantes de «material biológico» para estos fines? Las universidades y los institutos de investigación. Pues bien, esos «componentes anatómicos» del bebé abortado deben permanecer vivos a efectos de que tengan esa utilidad. Pregúntese el lector qué se requiere para que los tejidos de un bebé permanezcan vivos a pesar de ser arrancado del seno materno. A continuación, entra en escena un nuevo actor: el proveedor de servicios para mantener la «frescura» de los tejidos, que usualmente es una empresa de biotecnología. Esta empresa es la que tiene los contactos directos con las universidades y los centros de investigación (compradores-consumidores), para que no se sospeche el interés que hay de estas entidades —con una reputación por defender— en la consecución de este polémico material. En pocas palabras: se terceriza el negocio.
La Comisión muestra que el negocio es más remunerador de lo que nos dejan saber los altruistas magistrados de la Corte Constitucional: solo en 2014, la empresa StemExpress alcanzó una cifra de 4.5 millones de dólares con la venta de tejidos de bebés abortados. Y esa es sólo una de las miles de empresas de biotecnología dedicadas a este oscuro comercio, sin contar los réditos de la práctica abortiva en sí misma que, de acuerdo con las estimaciones de la Federación Nacional de Aborto de los Estados Unidos, varía entre 350 y 1.000 dólares c/u cuando la edad gestacional está entre el primer y segundo trimestre, mientras que en el tercer trimestre puede llegar a costar miles de dólares.
Hay que anotar que la práctica abortiva es modificada en función de la pretendida cosecha de órganos y tejidos: entendiendo que se deben preservar vivos («frescos») los tejidos, no son pocas las ocasiones en las se induce un parto prematuro para que el niño nazca vivo hasta tanto se consigan los tejidos requeridos. La práctica de abortos con «nacimiento parcial» ya se ejecuta en Colombia: desde el 2007 rastreamos sentencias de la corte constitucional donde se evidencia la aberración de «abortos por cesárea» en cualquier edad gestacional (1).
Reseñemos ahora los hallazgos del Dr. Redondo Calderón quien, en su artículo, demuestra el uso que se le ha dado a los llamados «productos» de abortos provocados. Mediante una revisión de la bibliografía médica del siglo XX hasta la actualidad, nos alerta sobre la apetencia de la ciencia biomédica, clínica, cosmética y farmacéutica por tejidos embrionarios y fetales. Desde experimentación sobre fetos mantenidos con vida para reconocer los efectos de medicamentos y sustancias sobre ellos, incluso hasta 23 horas después de habérsele separado del claustro materno, pasando por someterlos a cámaras de perfusión o cámaras de inmersión cerradas, altas y bajas temperaturas, hipoxia, inducción de circuitos de circulación extracorpórea, comprobación de vacunas, vivisecciones, envenenamiento salino, hasta decapitaciones y extirpaciones de órganos, entre otros. Aunque parezca una película de terror, científicos de esta clase documentaron el sufrimiento de estos pequeños con descripciones frívolas sobre la cantidad de movimientos convulsivos causados por el dolor o la agitada respiración que les provocaba el experimento en curso.
Las líneas anteriores en realidad solo han esbozado el panorama de las industrias que están detrás del negocio y sus aberraciones, sin profundizar en el estímulo que genera este fallo para la promoción del aborto, ya sea abiertamente como negocio o como una forma de «liberar» la propia conciencia, valiéndose de un artificio altruista para disfrazar de humanitario el aprovechamiento de los restos mortales de niños inocentes asesinados en los vientres. Mención aparte merecerá, en una próxima oportunidad, el análisis del término «donación» en este contexto donde el «donante» no sólo es forzado a morir mientras su voluntad es suplantada por quien desgraciadamente ejerce como verdugo, esto es, su propia madre, sino que además ahora debe prestar una «utilidad» científica.
Si se aceptara que la experimentación sobre niños abortados, así como sobre personas adultas, permite alcanzar nuevos desarrollos científicos, ¿basta esta motivación para justificar macabros procedimientos contra los más indefensos? Vemos que el diagnóstico de Robert Spaemann es acertado: «Todo lo que podemos hacer para dominar la naturaleza proviene asimismo de nuestra posibilidad de dominar al hombre. Observamos que el hombre es crecientemente sometido a manipulación». Se ha logrado un perfeccionamiento de la máquina totalitaria tal que, absorbidos por la indiferencia o la inacción, asistimos pasivamente a la expansión mundial del Estado desbordado. Los sueños nazis y comunistas se quedaron, pues, cortos y presenciamos hoy su realización en el mundo liberal.
¿Qué busca la Corte Constitucional con esta decisión? El mercado se abre, la eugenesia se extiende. Diezmados en población, ahora somos colonia para la recolección y cosecha de órganos y tejidos necesarios para la experimentación. No se extrañe el lector cuando advierta en unos años que la universidad que demandó la norma anuncie sus «avances» médicos a costa de las miles de almas inocentes sacrificadas.
*Catalina Gutiérrez Gómez es abogada.
(1).- Sentencia de tutela T-171 de 9 de marzo de 2007, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. Cabe aquí resaltar que en Colombia, por obra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no existen plazos para practicar el aborto, por lo cual incluso hasta el noveno mes se puede practicar (ver: sentencia SU-096 de 17 de octubre de 2018, magistrado ponente: José Fernando Reyes Cuartas).
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El bombardeo al campamento de Gentil Duarte fue una acción legítima
Por Ariel Cabrera
Radio Santafé, Bogotá
11 de marzo de 2021
Con relación a la operación que las Fuerzas Militares realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el pasado 2 de marzo, en zona rural de Calamar, Guaviare, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que tal como se informó ese día, el ataque aero-estratégico fue dirigido contra la estructura criminal de alias ‘Gentil Duarte’, responsable de múltiples delitos entre los que se encuentran asesinatos a líderes sociales, explotación sexual, extracción ilícita de minerales, deforestación, narcotráfico y reclutamiento de menores.
El ministro fue enfático en señalar que todas las operaciones de las Fuerzas Militares se desarrollan en el marco del Derecho Internacional Humanitario, con un objetivo militar claro e identificado: “el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, consagra en su artículo 13 la protección de la que goza la población civil, contra los peligros procedentes de operaciones militares. No obstante, ese mismo artículo en su numeral 3 consagra que las personas civiles perderán dicho estatus de protección si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.
Molano resaltó que “hay máquinas de guerra como alias ‘Gentil Duarte’, reclutado por las FARC a los 17 años; alias ‘Gabino’, reclutado a los 14 años por el ELN. Hoy, estos dos son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas. Seguiremos trabajando sin tregua contra narco-criminales reclutadores”. El ministro explicó que en desarrollo de la operación militar perdieron la vida 10 integrantes de esa estructura criminal, cuyas identidades revelará el Instituto de Medicina Legal a las instancias correspondientes, también, fueron recuperados dos menores de edad en un trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Señaló además, que el Ministerio de Defensa en coordinación con el ICBF y otras entidades del Estado, desarrollan diferentes planes y campañas para prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los diferentes grupos armados organizados y rescatarlos de aquellas organizaciones narco-criminales que los instrumentalizan. Así mismo, hizo un llamado a que sean liberados todos los menores que están en las filas criminales, que se desmovilicen y advirtió que los operativos seguirán, hasta desmantelar a todas las organizaciones del narco-crimen.
El alto funcionario manifestó que la instrucción a la Fuerza Pública es arreciar la ofensiva contra las disidencias de las Farc y demás grupos narco-criminales en el marco del cumplimiento de las normas internacionales y el respeto absoluto a los derechos de la población en general y de aquellos grupos de especial protección, dentro de los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, el ministro Molano pidió no desviar la atención de los hechos, ya que son las disidencias de las Farc las que reclutan sistemáticamente a menores de edad para usarlos como escudos, asesinan líderes sociales y destruyen el medio ambiente a través del narcotráfico y la explotación ilícita de minerales.
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Colombia puede producir su propia vacuna anti Covid-19
Por Ariel Cabrera
Radio Santafé, Bogotá
http://www.radiosantafe.com/2021/03/11/colombia-podria-producir-su-propia-vacuna-anticovid-19/
11 de marzo de 2021
En Colombia existe el talento humano y el conocimiento suficiente para producir vacunas, tanto en la industria farmacéutica como en la academia, pero necesita alianzas, inversión y voluntad política.
Así lo aseguraron diferentes profesionales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) invitados al programa Análisis UNAL, de Radio UNAL (98.5 FM) para debatir la posibilidad y las capacidades que tiene Colombia y la academia para producir una vacuna contra la COVID-19. Entre los invitados estuvo la profesora Claudia Patricia Vaca González, fármaco-epidemióloga y directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la UNAL, quien expresó que “no es imposible hacer una vacuna contra la COVID-19, pero se requiere de tres cosas: voluntad política, inversión y financiación, y talento humano calificado que pueda absorber el conocimiento requerido para esa producción”.
Agregó que “tenemos capital humano, las escuelas de farmacia más serias, con mejor tradición del desarrollo industrial y las capacidades técnicas de infraestructura, entonces se trata de establecer una estrategia que permita ese vínculo y ponerlo en marcha”. Respecto a los anuncios de la Alcaldía Mayor de producir las vacunas, la docente expresó su optimismo y señaló que “Bogotá, cuando se pone seria en algo, suele sacarlo adelante y ha puesto el ritmo en muchas cosas en esta pandemia”.
Por otro lado, el Gobierno nacional ha empezado a hablar sobre la misma posibilidad, lo que podría significar una oportunidad para que haya una coordinación en torno a ese objetivo. Sin embargo, la docente agrega que posiblemente esta producción no se dé desde el principio activo, desde el componente biológico de la sustancia activa, sino tal vez desde algún tipo de función en esa cadena con productores locales. Para eso es necesario que grandes grupos económicos tengan la generosidad histórica de ceder sus intereses de propiedad intelectual, transferir la tecnología, poner plantas estratégicamente en muchos lugares del mundo y así mejorar la producción, subrayó.
Capacidad de las universidades públicas
Ilvar Muñoz Ramírez, químico farmacéutico y realizador del programa Desde la botica, de Radio UNAL, resalta que “Colombia tuvo una tradición sustentada en sus cuatro Universidades públicas: del Atlántico, de Cartagena, de Antioquia y la UNAL. Sus cuatro escuelas de farmacia crearon una industria, un conocimiento y un talento humano en farmacia muy importante”. En relación con la UNAL, sostiene que “nuestro Departamento de Farmacia producía medicamentos, pero desde que fue perdiendo el recurso económico para garantizar el desarrollo, la renovación tecnológica y demás, nos quedamos rezagados”.
Destaca además que la UNAL tiene grandes talentos: “hay mucha gente que tiene mucho conocimiento en producción de vacunas, pero nadie les pone atención; es el caso específico de profesores del Departamento de Farmacia y de la Facultad de Ciencias, quienes crearon la prueba colombiana para diagnosticar COVID-19 y no les han puesto ninguna atención”. A su juicio, el talento humano, la experiencia y el conocimiento está en las universidades públicas, y en esa dirección se debe mirar.
Voluntad política
Todos los panelistas concluyeron que lo que hace falta en Colombia es, ante todo, voluntad política para sacar adelante estos desarrollos. Colombia llegó a producir el toxoide tetánico, la vacuna antituberculosa, la antisarampionosa, la antipoliomielítica oral y la de la fiebre amarilla, la cual se exportaba a África, pero en los últimos 25 o 30 años ha habido un retroceso. El modelo económico estratégico del país se inclinó a abandonar todo eso, acabar con la industria farmacéutica nacional y la intención que hay es que Colombia no produzca ni un solo medicamento, situación que obliga a importar, dice el profesor Muñoz.
Al respecto, el médico infectólogo Carlos Arturo Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAL, dice que “seguramente si el Gobierno deja de financiar al sector financiero y empieza a financiar al sector industrial renacería la producción de vacunas”. Además, considera que las alianzas público-privadas facilitarían el rápido desarrollo de estas tecnologías, y tener la seguridad sanitaria que implican no solo vacunas, sino incluso medicamentos de para tratar algunas enfermedades huérfanas.
El doctor Fernando de la Hoz, director del Departamento de Salud Pública de la UNAL, señala que sí existe potencialidad para producir la vacuna, pero no es algo que se pueda hacer en poco tiempo: “Colombia desmanteló todo su aparato productor de vacunas hace bastantes años y recuperarlo toma tiempo”. Se deben hacer unas inversiones importantes, recuperar el talento humano que pueda apoyar este proceso y hay que contar con alianzas internacionales que ayuden al país a volver a tener esa autonomía.
Por último, la profesora Lucy Gabriela Delgado, Ph. D. en Ciencias Farmacéuticas, asesora de la Secretaría Distrital de Salud Pública y directora del Grupo de Investigación en Inmunotoxicología de la UNAL, resalta que para tener una producción local se necesita que “se nos transfieran esos desarrollos bajo criterios de calidad”. Desde su punto de vista, tres componentes harían realidad esta posibilidad: talento humano; una industria farmacéutica que aunque no invierte en investigación y desarrollo sí tiene unos productos de muy buena calidad; y el liderazgo del país en regulación farmacéutica.
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